Con la sanción de la Ley de Presupuesto 2021 se otorgó a los profesionales E.P.U la equiparación salarial con sus pares del órgano de control externo – Tribunal de Cuentas Provincial- a fin de lograr un crecimiento en la profesionalización de la planta permanente de la Administración Pública, procurando que perciban un haber acorde a las responsabilidades y tareas asignadas.
En el marco del Plan de Recuperación del Salario, la medida mencionada otorga un aumento que viene a recomponer el salario del personal que integra el Escalafón Profesional Universitario (EPU) dependiente de la Administración Pública Central y sobre todo para dar cumplimiento, luego de 10 años de desidia, al Decreto Provincial N° 2254/09, el cual establece la equiparación salarial del personal profesional que integra la carrera del EPU con los profesionales de carrera del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
A partir de dicha recomposición, aquellos profesionales que sean contadores públicos, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, entre otros, al ingresar percibirán 89 mil pesos, mientras que en el último año del Gobierno de Rosana Bertone percibían 33 mil pesos.
“Esta diferencia es una muestra clara de la decisión política de buscar una mayor profesionalización de la planta técnica, con remuneraciones acordes al nivel de complejidad, autonomía y responsabilidad de las tareas asignadas, terminando una vez más con otra injusticia heredada por parte de la gestión anterior, ya que además de no cumplir con los acuerdos, generar desórdenes y fracturas salariales en los escalafones, denigró la tarea de los profesionales a través de sus haberes. Con esta medida se termina la diferencia entre profesionales de primera y profesionales de segunda que durante años se permitió” aseguró el ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández.
No obstante, el Funcionario aseguró que “se buscó generar un equilibrio razonable dentro del esquema del régimen retributivo del sector público provincial, a los fines de evitar que se sigan fortaleciendo las áreas de control por sobre las áreas de gestión, y que hasta ahora afectaba la política de reclutamiento del personal profesional al interior del Gobierno Provincial, al estar quebrado el principio laboral de igual remuneración por igual tarea. Hasta ahora se ha vivido un éxodo de profesionales hacia el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas Provincial y los Municipios, donde el ingreso es superior y en algunos casos, regresaban al sector privado. A partir de ahora se inicia un camino para no seguir perdiendo profesionales”.
Asimismo valoró que “estas decisiones se toman pensando en las diversas oportunidades que se generan al interior del Estado provincial, por ejemplo, a los trabajadores del escalafón seco, quienes tienen mayores posibilidades de crecer y seguir mejorando su carrera laboral, ya que al obtener un título profesional, tienen la oportunidad de cambiar de escalafón”.
Respecto al nuevo parámetro de equivalencia de la remuneración mensual habitual y permanente del Gobernador, Vicegobernador, Legisladores, Secretarios, Prosecretarios, Administrativos y Legislativos de la Legislatura Provincial, miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia y de las demás autoridades, aclaró que ahora se utiliza como base de cálculo la escala salarial del escalafón Profesional Universitario (EPU), entendiendo que “era oportuno buscar un equilibrio razonable”.
Ante esto, el Ministro explicó que “el criterio establecido independiza la base de cálculo de las remuneraciones de las autoridades provinciales de los haberes a percibir por los intendentes, que estaba vigente desde el año 2011. Una relación que no tenía mucha explicación ya que son funciones totalmente distintas. Por ende, lo que se ha hecho es imitar la forma en que los intendentes calculan su haber. El intendente de Río Grande lo hace en base a la categoría 23, de un total de 24 categorías, siendo la 10 la más baja. Además, desde inicio de 2020 cobra el adicional de título universitario al igual que todo su gabinete. Por su parte, el intendente de Ushuaia cobra tres veces lo que percibe una categoría 24, la más alta del Concejo Deliberante siendo la 12 la más baja. A nivel provincial se haría en base a la categoría más baja del escalafón universitario y su actualización dependería de lo que considere el Tribunal de Cuentas Provincial».
