La Cámara de Diputados dio inicio este martes al debate sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en un plenario de comisiones al que asisten funcionarios nacionales para defender la iniciativa.
Los ministros de Salud, Ginés González García, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, junto a la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, exponen ante las comisiones de Legislación General, de Salud, de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad. Luego será el turno de los expositores propuestos por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y por las organizaciones autodenominadas «provida» que se oponen a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Ibarra, destacó que «nadie quiere promover el aborto, sino disminuirlos», al defender el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. A través de una videoconferencia con un plenario de comisiones, Ibarra subrayó que «ha fracasado la política de penalización del aborto» y agregó: «En los países donde se ha legalizado, después de un período empieza a disminuir inmediatamente, porque al ingresar al sistema de salud se brinda información y acceso a los métodos anticonceptivos». Ginés González García, remarcó a su turno que «el aborto como problema de salud pública es serio» y aseguró que con la legalización «se elimina una causa de muerte». García puso de relieve que actualmente hay «1.100 o 1.200 abortos e internaciones en hospitales» diariamente debido al carácter clandestino de esta práctica, y mostró una serie de gráficos para apoyar su exposición ante la Cámara de Diputados.
Al respecto, señaló que «los egresos hospitalarios por abortos solo en el sector público de los que hay registro» hasta 2017 están en el orden de los 44 mil pero «están descendiendo y eso es por el uso del misoprostol». Elizabeth Gómez Alcorta, reiteró por su parte que «la legalización de la práctica» del aborto «disminuye la mortalidad materna» y detalló algunas de las sanciones que se incorporan al Código Penal. En este sentido, destacó que «se incorpora un nuevo tipo penal que establece tres conductas distintas», referidas a la dilación, obstaculización o negación de la práctica de forma injustificada, la cual tendrá pena de tres meses a un año para funcionarios o autoridades del establecimiento de salud.
