Se criticó con fundamentos políticos, técnicos, económicos y de soberanía nacional la iniciativa de la Coalición Cívica que busca derogar la Ley de Promoción Económica y Fiscal de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, terminando con 50 años de vigencia de la normativa y con un elevado costo social.
Los argumentos esgrimidos en el proyecto vuelven sobre un supuesto costo fiscal elevado del régimen, e incluso se paliarían las consecuencias sociales con una especie de “plan social” por no trabajar, disponible para aquellos que eran empleados de fábrica al 30 de septiembre último y que, indefectiblemente, perdieran su empleo.
Para la Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, es “un experimento político y social de alcances inimaginables para nuestra provincia” la intención de “desarmar de un día para el otro” el Régimen de Promoción Industrial, con resultados “de alcances inimaginables para nuestra provincia, que no sólo denota un profundo desconocimiento de la realidad territorial, sino que da cuenta de un profundo dogmatismo ideológico”.
Para poner la 19640 en un contexto histórico y geográfico, Castiglione recordó que Tierra del Fuego es una isla ubicada a más de 3 mil kilómetros de los principales centros de consumo. “Esta isla –puntualizó- es compartida en proporciones similares con la República de Chile. En este momento el territorio chileno es habitado por poco más de 8 mil personas, mientras que del otro lado del alambrado, en nuestro país, se superan los 200 mil”.
Recordó asimismo que en la década del ‘70, antes de aprobar el régimen promocional que estipula la ley, la población fueguina era de 13.500 habitantes, de los cuales más del 40% eran extranjeros.
El secretario Juan García puso de relieve que, a 50 años de vigencia de la promoción, “la mitad del empleo privado registrado en nuestra provincia está directamente ligado a las empresas promovidas, el resto del empleo privado se asocia al turismo, comercio, construcción y algunos servicios”.
“Desestimar las capacidades construidas a lo largo de cinco décadas e interrumpir de manera abrupta un proceso de construcción histórica como el que llevó a la conformación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sólo puede ser atribuible a una mirada ideologizada e ignorante de nuestra realidad”, criticó.
García señaló que el proyecto asume que el Régimen de Promoción “sólo beneficia a un puñado de empresarios, además de los trabajadores que son empleados por las fábricas, pero se desconoce que los beneficios del régimen llegan a todos los habitantes de Tierra del Fuego, a través de exenciones impositivas que buscan compensar las condiciones desfavorables propias de la distancia, el clima y el aislamiento geográfico”.
Por otra parte, puso de manifiesto que además “no se reconocen las capacidades industriales generadas en la provincia, aquellas que durante la pandemia permitieron, por ejemplo, abastecer de respiradores artificiales durante la pandemia a todo el territorio nacional en tiempo récord, incluso exportar a países de la región; desarrollar componentes electrónicos que utiliza la industria automotriz; abastecer al país con productos electrónicos con los estándares mundiales; exportar silobolsas al mundo; elaborar tejidos y confecciones de primera calidad; entre otros”.
Respecto al elevado costo fiscal que esgrimen los autores de la iniciativa y la consiguiente propuesta de eliminar Impuestos Internos, el funcionario sostuvo que “redundaría en una considerable merma de la recaudación nacional. Una porción importante del costo fiscal incremental de los últimos años proviene del diferencial de alícuota en los Impuestos Internos que pagan los productos fueguinos (6,5%) versus los que debería pagar un producto importado (17%). Si bien esta brecha se registra contablemente como un ´gasto tributario´, la eliminación de dicho impuesto implicaría una caída considerable en la recaudación que no necesariamente se verá reflejada en una disminución de precios”.
En cuanto a una supuesta mejora en las condiciones de oferta de productos electrónicos en el país, García recordó que cuando en 2017 el expresidente Mauricio Macri eliminó los aranceles a la importación de notebooks con el mismo argumento, “no solo no hubo ninguna mejora sino que se perdieron miles de puestos de trabajo en todo el país”.
“La idea de resolver los problemas de oferta sin meterse con los oligopolios que manejan la distribución y el financiamiento en nuestro país, responsabilizando siempre a la producción nacional, responde más a un sesgo ideológico que a un análisis objetivo de la realidad”, aseveró el funcionario de la cartera de Industria.
Por último, la Ministra Castiglione recordó el debate y la negociación con Nación y los diferentes actores con intereses directos sobre el régimen promocional, en el marco de la discusión de su prórroga. “Partiendo de un diagnóstico que reconocía la necesidad de ampliar la matriz productiva, reducir la dependencia de los beneficios fiscales y buscar un mayor compromiso de las empresas beneficiarias del Régimen con el desarrollo fueguino, se resolvió crear un Fondo soportado con aportes de estas últimas, que permitirá financiar los proyectos necesarios para lograr una provincia competitiva, que genere valor y exportaciones y ofrezca mayores oportunidades a sus habitantes, a la vez que reduce la fuerte dependencia que actualmente tiene de los beneficios fiscales”.
“La creación de este Fondo es un antes y un después en el Régimen Promocional, una forma de canalizar recursos económicos y capacidades empresarias hacia un proyecto productivo sustentable, complementario a la industria existente, y superador”, cerró Castiglione.
