La subsecretaria de Diversidad del Ministerio de Desarrollo Humano de Tierra del Fuego AIAS, Victoria Castro, participó del Banderazo en la Plaza del Congreso Nacional y del acto conmemorativo por los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, que se llevó a cabo en La Matanza, provincia de Buenos Aires, encabezado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.
En el evento se otorgó un reconocimiento a 25 lideresas/es travesti trans que protagonizaron la lucha por la conquista de derechos para esta comunidad históricamente relegada. Además, se anunció una nueva línea de apoyo económico destinada a travestis, transexuales o transgéneros mayores de 50 años.
La Ley de Identidad de Género obtuvo su aprobación de la mano del Senado de la Nación el 9 de mayo de 2012, con 55 votos a favor y una abstención. Esa instancia convirtió a la Argentina en el primer país del mundo en contar con una norma que reconoce la identidad auto percibida de las personas como un derecho humano. En esa línea, hoy se continúa ese trayecto para avanzar en más derechos a partir de una línea de apoyo económico para travestis y trans, que consistirá en el otorgamiento de un monto equivalente a seis salarios mínimos, vitales y móviles. Además, prevé la implementación de un dispositivo específico de atención, acompañamiento y asistencia integral.
“Si bien no se trata de la reparación histórica que se viene reclamando hace rato, este apoyo económico ayuda mucho a las compañeras que siempre fueron negadas por el Estado. Hace 10 años ese mismo Estado, que tanto nos persiguió y nos estigmatizó, primero nos reconoció como sujetos de derecho, y ahora le otorga esta ayuda económica a las compañeras, es para celebrar”, entendió Victoria Castro, invitada a participar del panel, junto a la Ministra Elizabeth Gomez Alcorta.
El reconocimiento económico se funda en la necesidad de adoptar políticas públicas que contribuyan a la creación de condiciones mínimas de autonomía de la población travesti trans adulta, que en la actualidad tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años como consecuencia de las vulneraciones estructurales que deben atravesar a lo largo de toda su vida. Entre ellas, la expulsión temprana del hogar, la falta de acceso a la atención médica integral, a la educación y al mercado de trabajo formal.
En el encuentro, realizado en formato de ronda debate, activistas e integrantes de organizaciones políticas, sindicales, sociales y feministas debatieron sobre: vejeces y violencia institucional; infancias y juventudes; empleo y educación; empleo y deportes y hábitat, memoria y espacio público.
