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Acuartelamiento en CÓRDOBA: condenaron a 52 policías, pero ninguno irá preso Destacado

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Fueron sentenciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La pena mayor es de un año y de cumplimiento condicional. No se juzgaron los saqueos.

Ninguno de los 56 policías acusados de haber cometido delitos por su participación en el acuartelamiento que parte de la fuerza de seguridad realizó durante el 3 y 4 de diciembre de 2013 deberá cumplir una pena efectiva.

Así lo determinó anoche la Cámara en lo Criminal y Correccional 12, integrada por jueces y jurados populares, que dio a conocer una sentencia contra los involucrados en los sucesos que derivaron en una profunda crisis política del por entonces gobierno de José Manuel de la Sota.

Pese a que el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la acusación, había solicitado penas de cumplimiento efectivo, la condena mayor fue de un año y de cumplimiento condicional, además de inhabilitaciones y multas hasta 12.500 pesos.

Los uniformados enfrentaron cargos por cuatro delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia a la autoridad, aplicación indebida de caudales públicos e instigación a cometer delitos.
De acuerdo a la sentencia, 52 efectivos fueron condenados por haber incumplido con sus deberes de funcionario público, mientras que otros cuatro resultaron absueltos.

Los culpables, con excepción de Lucas Rodríguez –que se le impuso la pena de un año– cargan con condenas entre ocho y seis meses de cumplimiento condicional.

En tanto, el tribunal dictó nueve condenas por los delitos de desobediencia a la autoridad. Aquí la pena establecida fue de 8 meses.

Para el caso del delito de aplicación indebida de caudales públicos, el tribunal resolvió la absolución de todos los involucrados.

La defensa

“No estamos todo lo satisfechos que nos gustaría, pero hemos podido demostrar que estos policías no son culpables de los delitos por los que fueron enjuiciados”, aseguró minutos después de la lectura de la sentencia el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, defensor de la mayoría de los acusados.

El letrado, que durante el conflicto en 2013 tuvo el rol de vocero de los uniformados amotinados, adelantó que tras conocer los fundamentos del fallo casará en el Tribunal Superior de Justicia las condenas de sus defendidos.

“De los cuatro delitos (los policías) han sido condenados por un delito, en algunos casos con multa, en otros con una pequeña inhabilitación. De manera que la defensa entiende que ha progresado muchísimo a partir de la acusación originaria”, afirmó Ortiz Pellegrini. “Vamos a seguir insistiendo para lograr la absolución total”, prometió.

En el proceso que concluyó anoche con la sentencia y cuyos fundamentos se conocerán el 31 de mayo, no se juzgaron los saqueos, ni los robos, ni la violencia que enmarcaron aquellos penosos días de comienzo de diciembre de 2013. El juicio se centró en el núcleo de policías que inició la decisión de dejar de trabajar.

Cuando el juicio se inició, el 26 de febrero pasado, el fiscal de Cámara Mariano Antuña habló de estado de “anomia” generado por los servidores públicos y sostuvo que el reclamo laboral no debía desencadenar una situación de “todo vale”.

En ese momento, Garzón, el fiscal instructor, criticó la actitud asumida por los uniformados. “Las fuerzas de seguridad no tienen derecho de huelga”, había dicho para luego asegurar que los imputados “dejaron totalmente desprotegida” a la ciudad de Córdoba.

Impacto político

Durante los casi dos meses y medio que duró el proceso, declararon decenas de testigos, entre ellos el presidente provisional de la Legislatura, Oscar González, quien durante la rebelión policial se desempeñaba como jefe de Gabinete del gobierno delasotista. “Intenté comunicarme con los funcionarios nacionales, nunca nadie me atendió el teléfono. Fue imposible hablar con el jefe de Gabinete, que era Jorge Capitanich”, dijo González al declarar, apuntando contra la gestión K.

Investigación en marcha: El rol del kirchnerismo

En la sentencia se ordena poner a disposición del Ministerio Público Fiscal, de la Justicia provincial y del fuero Federal, la documentación pertinente “ante la posible comisión de delitos perseguibles de oficio”. Ya está en marcha una investigación que inició la fiscal Graciela López de Filoñuk, que busca determinar si el gobierno de Cristina Fernández habría “fogoneado” los incidentes de diciembre de 2013.

El poder político estuvo en vilo

El acuartelamiento de 48 horas de la Policía de Córdoba el 3 y 4 de diciembre de 2013 generó una ola de saqueos en toda la ciudad de Córdoba, que puso en vilo al poder político provincial.

El reclamo de los policías sorprendió al entonces gobernador José Manuel de la Sota en el exterior. Había partido en la madrugada del tres de diciembre, casi en el mismo momento que los policías comenzaron a dejar de prestar servicios.

Por eso, desde el Centro Cívico se dijo en aquel momento que la huelga fue “organizada” y arrancó, en el mismo momento que el gobernador se ausentaba de la provincia.

Además de los daños económicos que generaron los saqueos en toda la Capital, la huelga policial produjo un fuerte sacudón político en la provincia, con connotaciones nacionales.

Luego de que los policías volvieron a trabajar, a los pocos días, el gobernador De la Sota produjo un profundo cambio en su gabinete, que terminó con el entonces jefe de Gabinete, Oscar González, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fuera del gobierno.

El amotinamiento también alimentó el enfrentamiento entre el Gobierno provincial y el kirchnerismo nacional. El propio De la Sota acusó al Gobierno nacional de haber demorado el envío de fuerzas federales, con el objetivo de perjudicar a su gestión.

FUENTE: http://www.lavoz.com.ar/politica/acuartelamiento-condenaron-52-policias-pero-ninguno-ira-preso

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